Oenegés opositoras intentan desmentir que sanciones han afectado al sector salud y terminan demostrando que sí (+CODEVIDA)

Dialisis unidad



OENEGES opositoras trataron de refutar las declaraciones que el Canciller Jorge Arreaza realizó este jueves en Rusia sobre las dificultades de la administración de Nicolás Maduro para adquirir tratamientos para la diálisis como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos. Pero terminaron confirmando que efectivamente las sanciones han producido los problemas actuales del sistema de saluda nacional. Según estas "oenegés" opositoras los problemas del sistema de salud nacional comenzaron en 2015, cuatro años después de iniciadas las sanciones de EEUU contra PDVSA y otros sectores importantes de la economía nacional.
"Si Venezuela no tiene como conseguir los tratamientos para la diálisis es responsabilidad de las "sanciones petroleras"; hace 3-4 años se garantizaba el tratamiento y hoy día los laboratorios no se lo venden a Venezuela por represalias a las sanciones", declaró Arreaza, según lo publicó la Cancillería en Twitter.

Luego de emitidas estas declaraciones, la autodenominada "Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida" (Codevida) señaló para refutar, igualmente por Twitter, que "en dos décadas el gobierno revirtió la descentralización de los centros de diálisis en Venezuela. Adicionalmente, es partir del 2015  cuando se desploma el sistema de atención del Seguro Social responsable de diálisis”.

Como es conocido por cualquier venezolano medianamente informado el 24 de mayo de 2011, EEUU sancionó a PDVSA por primera vez, luego de años catalogando a la empresa y al país como "influencias negativas para la región" y acusando a PDVSA de comprar gobiernos a través de PETROCARIBE para apoyar a Venezuela ante la agresiones y intentos de golpes y sabotajes apoyados por EEUU contra la nación petrolera, desde 9 años sometida a un brutal paquete de sanciones y acoso financiero.  


Según CODEVIDA “en el año 2010, el Seguro Social disponía de 1.987 máquinas de riñón artificial operativas en 145 unidades de diálisis localizadas en 21 de los 24 estados donde el IVSS tiene cobertura. Desde ese año, en Amazonas, Delta Amacuro y Sucre no existe ese tipo de atención”.



“En el año 2012 se instalaron nuevas máquinas de hemodiálisis para sumar 2.500 a nivel nacional, pero fue a partir del 2013 cuando comenzaron a reportarse problemas con el funcionamiento de las unidades de diálisis. Para el año 2019, 1.859 máquinas no estaban operativas, lo que representa 74% del total”, continuó el hilo.
CODEVIDA da la razón a quienes culpan a las sanciones de las muertes de venezolanos, cuando  indicó que “todas estas medidas generaron durante los últimos cinco años gran cantidad de muertes de personas con insuficiencia renal en Venezuela”.

Por su parte, la también opositora Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) emitió a través de la referida red social un comunicado en el que recordó  que “en los últimos 5 años las fallas en la continuidad del suministro de inmunosupresores  se fueron agravando en forma rápida, lo que obligó a la suspensión del programa nacional de trasplante de donante fallecido a partir de Junio de 2017,  ante la imposibilidad de garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos trasplantados”.
Añadió que “en los últimos tres años los pacientes trasplantados y sus médicos tratantes se han visto en la necesidad de cambiar sus esquemas habituales de inmunosupresión al no estar disponibles todos los medicamentos necesarios”.





También advirtió que “muchos pacientes están tomando dosis menores a las indicadas en para extender al máximo las pocas tabletas que les van quedando, lo que ha hecho que aumenten los episodios de rechazo agudo del injerto con las consiguientes complicaciones en la evolución de estos enfermos”.
Y aseveró: “La salud es un derecho humano; debe quedar fuera de la diatriba política. El Estado y la sociedad están obligados a aportar sus mejores esfuerzos para que el derecho a la salud sea efectivo y universal”.
Ninguna de las "oenegés independientes" ni siquiera tocó con el pétalo de una rosa a las criminales sanciones de EEUU contra los venezolanos. Al final son financiadas o aspirar serlo, con dinero de la USAID y otras organizaciones estadounidenses. 

En 2017 ya el impacto era grave confiesa otra ONG que intentó contradecir a Arreaza
De igual manera, Prepara Familia, ONG dedicada a la asistencia, acompañamiento y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados, o con patologías crónicas, y de las mujeres cuidadoras, también "rechazó" la declaración de Arreaza. Pero al igual que CODEVIDA quedó atrapada en su propia mentira. Lo expresado por esta ONG también confirmó que después de 6 años de sanciones de EEUU contra nuestra economía el suministro de medicamentos a pacientes que requieren diálisis comenzó a presentar fallas.

Dice esta ONG que “en Venezuela, las fallas en el suministro de medicamentos para las personas que requieren diálisis o  para trasplantados son de larga data, hace tres años, el 1 de junio de 2017, el Estado suspendió el Programa de Procura de órganos por no poder garantizar los inmunosupresores”.
“En el año 2017,12 niños fallecieron en el servicio de nefrologia del Hospital J.M de Los Ríos  por un brote infeccioso y por fallas en el suministro de antibióticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 21.02.2018 medidas cautelares a los niños y niñas del servicio y el Estado no las ha cumplido”, tuitió, sin referirse tampoco al efecto mortal de las sanciones sobre la salud de los venezolanos. 



Continuó: “La única unidad de hemodiálisis de todo el país que atiende niños con un peso menor a 10 kilos está ubicada en el Hospital j.M de los Ríos y en el año 2017 de 15 máquinas solo funcionaban ocho. Los niños siguen allí sin la esperanza de un trasplante”.

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