La "Masacre de la Sarna": 15 colombianos masacrados por el ejército y la policía de Colombia (+Lesa humanidad)

UNA DE TANTAS MASACRES cometidas por uniformados colombianos Cuatro miembros de Fensuagro asesinados en Ipiales (Nariño)

 

El recuerdo de esa y otras masacres cometidas directa o indirectamente por el ejército o la policía de Colombia aviva los temores entre los defensores de Derechos Humanos de que los criminales con uniforme arremetan contra humildes venezolanos en la frontera teniendo como justificación la llamada Operación Muralla. 

He aquí el relato de aquel hecho luctuoso donde Ejército y Policía del primer productor y exportador mundial de cocaína cometieron crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo del nivel de maldad que ostentan ambos cuerpos.

Ambos cuerpos armados colaboraron, según la justicia colombiana, con grupos paramilitares uribistas a los que permitieron realizar el asesinato masivo de 15 personas que viajaban en un autobús. 

El Consejo de Estado de Colombia declaró responsables al Ejército y la Policía Nacional por una masacre ocurrida el 1 de diciembre de 2001 en el páramo de La Sarna, municipio de Aquitania, en el departamento de Boyacá.

En aquel hecho murieron 15 personas que viajaban en un bus intermunicipal.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que dio a conocer la decisión, celebró el fallo y aseguró que constituye un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la construcción de la verdad, además de un “significativo aporte al establecimiento de responsabilidades penales, disciplinarias y administrativas por omisiones y colaboraciones del Estado frente a los grupos paramilitares y frente a los hechos acontecidos en la masacre”.

En su decisión, el alto tribunal señaló que la masacre de La Sarna, considerada como un crimen atroz, fue una “grave violación a los derechos humanos, un crimen de guerra y de lesa humanidad, en el que hubo anuencia y participación de agentes del Estado”.

A través de una nota de prensa, Cajar detalló que el Consejo de Estado logró constatar por medio de testimonios y de sentencias penales en firme la participación activa de un miembro de la Seccional de Investigación Judicial (Sijin) y de una persona adscrita al grupo D2 del Ejército, así como las estrategias de miembros de las Fuerzas Armadas “para permitir la operación paramilitar en la zona y la connivencia con los perpetradores para su huida”.

En consecuencia, el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación para que avancen con las investigaciones por las responsabilidades individuales en este caso”.

Igualmente, ordena “la publicación de las partes más relevantes del fallo, la realización de un acto de perdón y reivindicación de la dignidad de las víctimas y sus familias, la construcción y mantenimiento de un monumento de conmemoración de los hechos”, y que se envié esta decisión al Centro Nacional de Memoria Histórica “para que conserve y documente lo sucedido para contribuir con la satisfacción del derecho a la verdad”.