Reuters
Una encuesta realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, revela que 66% de los migrantes venezolanos en América Latina dijo que depende en alguna medida de las donaciones para alimentarse; un 25% no dispone de dinero para comer. Lo que indica que un total de 91% de los ciudadanos venezolanos que han emigrado no gana dinero para comer y tiene que depender de ayudas sociales o sufrir hambre.
Venezuela sufre las consecuencias de 9 años de sanciones y casi 20 años de violentos intentos por derrocar al gobierno del país para sustituirlo por otro que represente los intereses de EEUU, según han declarado de manera reiterada funcionarios estadounidenses. Las sanciones económicas aplicadas a PDVSA desde 2011 comenzaron a tener efectos palpables para la gente a partir de finales de 2013, agravándose a partir de 2015 con la declaración del país como "amenaza para la seguridad de EEUU". Las sanciones actuales tienen su basamento en esa declaratoria. Actualmente se ha pasado de las sanciones a la persecución no disimulada y a la financiación de grupos mercenarios para asesinar dirigentes venezolanos, la judicialización del diferendo y la confiscación de los bienes del país en el extranjero para causar lo que EEUU ha llamado "el máximo dolor y sufrimiento".
El Observatorio Venezolano de Migración (OVM) de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) publicó su reporte situacional sobre cómo ha afectado a la población de migrantes venezolanos el contexto del covid–19. Entre los hallazgos destaca que cuatro de cada 10 perdieron su empleo y 66% aseguró que depende de donativos para alimentarse, desde la entrada en vigencia de la cuarentena en los países donde residen.
De acuerdo con cifras de la ONU, cinco millones de venezolanos salieron del país en la diáspora más virulenta que haya registrado país alguno en América Latina. El país está sumido en la peor crisis de su historia con su sexto año en recesión y una hiperinflación desbordada que obligó a millones de venezolana a buscar nuevos horizontes.
Según el informe, 90% de los encuestados reportó una caída de sus ingresos, lo que repercute sobre las personas dependientes, pues 80% manifestó que tiene cargas familiares, dentro o fuera de Venezuela. “Los pronósticos apuntan a que quienes tienen responsabilidades por cargas familiares en Venezuela enfrentarán dificultades para el envío de ayudas económicas/transferencias al país y ello hará recular de nuevo la capacidad de consumo que había experimentado cierta reactivación en el año 2019”, alerta el documento del OVM.
El estudio estuvo a cargo de los investigadores Anitza Freitez, Rina Mazuera, Manuel Delgado y Bárbara Nava. El OVM es una iniciativa del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (Iies Ucab), que dirige la profesora Freitez, también coordinadora de la Encovi.
En la ficha técnica del sondeo, publicado en el portal El Ucabista, de la Universidad Católica Andrés Bello, se especifica que “la muestra seleccionada se basó en la lista de 9.320 correos electrónicos compilados a partir de las 12.957 entrevistas efectuadas a emigrantes venezolanos que dejaron el país, del 8 de abril al 5 de mayo de 2019, cumpliendo las formalidades de control migratorio en la oficina de Migración Colombia, en el marco del segundo estudio sobre movilidad humana venezolana titulado ‘Realidades y perspectivas de quienes emigran’”. De ese total se aplicó el cuestionario a un 20%, que arrojó al final 390 respuestas. Un 9% de los que respondieron reportaron estar de regreso en Venezuela, aunque en 2019 intentaron un proyecto migratorio.
La encuesta revela que 66% de los migrantes venezolanos en los países citados de América Latina dijo que depende en alguna medida de las donaciones para alimentarse; un 25% no dispone de dinero para comer y 33% reportó haber solicitado ayuda para alimentarse o alimentar a su grupo familiar; de esta fracción, 46% dijo no haber recibido el auxilio requerido.
Los venezolanos también han padecido el desalojo de sus viviendas, un 15% de los consultados respondió postitivamente y el corte de servicios básicos por falta de pago (11%). Otro 20% registra haber entrado en situación de irregularidad migratoria por la suspensión de los trámites legales y 15% ha tenido restricciones para acceder a los servicios de salud.
Del total de encuestados, 61% dijo estar de acuerdo con las medidas tomadas en el país donde reside para frenar el covid-19; sin embargo, 52% opina que esos controles no tuvieron en consideración las necesidades de los migrantes. Para el momento de la encuesta, 61% manifestó no reportar síntomas de la enfermedad.
Reporta el informe que a la pregunta “¿ha pensado retornar a Venezuela debido a las adversidades que enfrenta por la aparición del COVID-19?”, 16% respondió no saber y otro 20% no respondió la interrogante. Paralelamente, 31% dijo que sí considera regresar al país y otro 34% descartó la idea. Un 50% no cree que tenga en Venezuela mayores garantías para atender su salud.
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