Semana
Aunque parezca de locos, la Fiscalía colombiana controlada por el uribismo ha decidido encarcelar a dos de los investigadores de la Ñeñepolítica. Según expertos se trata de una maniobra del gobierno de Duque para invalidar el cúmulo de pruebas que se tienen sobre el financiamiento de su campaña por parte del narcotráfico.
Los acusados son mayor Yefferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez, quienes fueron citados a la dirección de la Policía Judicial Dijín para notificarles en la noche del jueves la orden de detención en su contra por supuestas irregularidades que habrían cometido en el desarrollo de las investigaciones.
En la noche del jueves los uniformados permanecen en la sede la Dijín mientras se realiza la audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento que pedirá la Fiscalía ante un juez.
El abogado Del Río dijo que la Fiscalía nunca citó a los uniformados a un interrogatorio o una entrevista para que pudieran dar las explicaciones del caso sino que se optó de una vez por detenerlos. “Otra cosa sucedió con María Claudia Daza, ‘Cayita’ Daza quien sí habla en las grabaciones con el Ñeñe y la citaron a un interrogatorio”.
Precisamente el miércoles, María Claudia Daza, conocida como Cayita Daza, se acogió a su derecho a guardar silencio en su cita virtual con la Fiscalía a la que fue llamada a interrogatorio por el caso de la ñeñepolítica.
La Fiscalía hizo este llamado para que la mujer, quien hoy en día se encuentra fuera del país, respondiera a varias preguntas vinculadas a la investigación por presunta compra de votos para las elecciones presidenciales de 2018.
El abogado de Daza, Iván Cancino, manifestó que su clienta "acudió a la diligencia y manifestó su compromiso de asistir a los llamados de la justicia, sin que ello signifique sacrificar un milímetro de sus derechos y garantías fundamentales. Manifestó que su domicilio es en Colombia y ante las preguntas de la Fiscalía utilizó, por recomendación a la defensa, su derecho constitucional a guardar silencio".
Por solicitud de la Fiscalía, un juez ordenó la captura de dos miembros de la Policía implicados en las investigaciones de la llamada ñeñepolítica.
Se trata del mayor Yefferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez, quienes fueron citados a la dirección de la Policía Judicial Dijín para notificarles en la noche del jueves la orden de detención en su contra por supuestas irregularidades que habrían cometido en el desarrollo de las investigaciones.
Por solicitud de la Fiscalía, un juez ordenó la captura de dos miembros de la Policía implicados en las investigaciones de la llamada ñeñepolítica.
Fuentes judiciales confirmaron a SEMANA que los uniformados se les acusa de haber interceptado de manera ilegal a cinco de sus propios compañeros: a un teniente, dos patrulleros y dos intendentes. Al parecer estos también hacían parte del equipo que participó en todo el expediente del Ñeñe Hernández.
Las interceptaciones ilegales se habrían realizado entre el 26 de mayo y el 12 de julio del 2018.
Las fuentes además insistieron que las interceptaciones del Ñeñe Hernández se realizaron de manera legal por solicitud de la Fiscalía y con la orden de un juez de la República, pero los uniformados habrían actuado de manera ilegal al incluir a sus cinco compañeros sin el amparo de una orden judicial.
Los dos detenidos tendrán que responder por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y falsedad ideológica.
Se trata del mayor Yefferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez, quienes fueron citados a la dirección de la Policía Judicial Dijín para notificarles en la noche del jueves la orden de detención en su contra por supuestas irregularidades que habrían cometido en el desarrollo de las investigaciones.
Por solicitud de la Fiscalía, un juez ordenó la captura de dos miembros de la Policía implicados en las investigaciones de la llamada ñeñepolítica.
Fuentes judiciales confirmaron a SEMANA que los uniformados se les acusa de haber interceptado de manera ilegal a cinco de sus propios compañeros: a un teniente, dos patrulleros y dos intendentes. Al parecer estos también hacían parte del equipo que participó en todo el expediente del Ñeñe Hernández.
Las interceptaciones ilegales se habrían realizado entre el 26 de mayo y el 12 de julio del 2018.
Las fuentes además insistieron que las interceptaciones del Ñeñe Hernández se realizaron de manera legal por solicitud de la Fiscalía y con la orden de un juez de la República, pero los uniformados habrían actuado de manera ilegal al incluir a sus cinco compañeros sin el amparo de una orden judicial.
Los dos detenidos tendrán que responder por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y falsedad ideológica.
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