Agencias
Este martes los países integrantes del Grupo de Lima calificaron a través de un comunicado como írrito al Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máxima autoridad judicial del país, luego de declarada la omisión legislativa respectiva, tal como indica la jurisprudencia nacional.
En el texto el Grupo de Lima asegura que no reconocerá a los parlamentarios electos en comicios bajo dudas.
El grupo creado para sostener la política de acoso contra Venezuela, orquestada por EUEU, indicó en su comunicado que solo reconocerá en Venezuela "la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y creíbles, con un CNE independiente y un TSJ imparcial".
A continuación el texto íntegro emitido por el Grupo de Lima el martes 16 de junio:
Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela miembros del Grupo de Lima, rechazan y desconocen la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que vulnera abiertamente la Constitución venezolana y socava las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y el retorno de la democracia en Venezuela.
Recuerdan que la designación de los miembros del CNE corresponde a la Asamblea Nacional, órgano legítimo y democráticamente electo, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Reafirman su entendimiento de que solamente la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y creíbles, con un Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Supremo imparcial, así como la plena libertad de prensa y participación política de todos los venezolanos asegurará las condiciones para la superación de la crisis venezolana.
Reiteran, conforme la XVIII Reunión Ministerial del Grupo de Lima realizada en Canadá, que persistirán en procurar consensos con otros actores internacionales para movilizar una respuesta de la comunidad internacional que contribuya a la urgente restauración de la democracia y el estado de derecho en Venezuela.
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