Agencias
Empresas privadas podrán participar en nuevas licitaciones para garantizar el suministro de agua potable o tratamiento de aguas residuales, de acuerdo con la normativa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aprobó el pasado miércoles un nuevo marco legal para el suministro de agua y saneamiento básico del país, que en principio tiene como objetivo garantizar estos servicios básicos con la ayuda del sector privado.
Hasta el momento, eran empresas públicas las que se encargaban de gestionar el saneamiento básico brasileño, salvo raras excepciones, y la nueva ley permite la apertura de nuevas licitaciones para el sector privado.
"Esperamos que haya entre 600 y 700.000 millones de reales (entre 111 y 130.000 millones de dólares) de inversiones en los próximos años en ese sector", declaró el ministro de Economía, Paulo Guedes, quien añadió que 100 millones de brasileños, casi la mitad de la población, no tiene acceso agua corriente, lo que ha supuesto un gran desafío para que estas personas puedan protegerse de la dispersión del coronavirus.
La nueva ley de saneamiento prevé una meta a cumplir hasta 2033: garantizar un servicio de alcantarillado para el 90 % de los habitantes del país y de agua potable para un 99 % de la población. Un gran desafío considerando que, según las cifras actuales, poco más del 50 % de los ciudadanos de Brasil viven en lugares con tratamiento de aguas residuales, y solo 80 % tienen acceso a agua limpia.
"En Brasil, donde hay la mayor concentración de agua dulce superficial del mundo, más de 40 millones de personas no tienen acceso a estos suministros públicos", informó el año pasado la Agencia Nacional de las Aguas (ANA), con motivo de la celebración del día mundial del agua, lo que ha sido caracterizado como un "trágico escenario" para el país. La ANA alertó de que las principales cuencas hidrográficas brasileñas presentan problemas de contaminación y subrayó que la ausencia de suministros de agua potable se cobra la vida diariamente de 100 personas en América Latina.
"La falta de agua de calidad y de alcantarillado provoca enfermedades, entre las cuales están la hepatitis A, diarreas, dengue, cólera y equistosomiasis. En diez años, Brasil registró más de 700.000 pacientes ingresados por enfermedades relacionadas a la falta o a la insuficiencia de saneamiento. Para mudar este panorama el país tendría que invertir 260.000 millones de reales (50.000 millones de dólares), pero como el gobierno solo invierte en media 4.000 millones de reales (740 millones de dólares) por año, serían necesarias más de seis décadas para resolver el problema", explicó la Agencia.
Según los detalles de la nueva ley, la ANA será la única responsable por establecer las reglas de saneamiento, así como los índices tarifarios para el mercado que estará abierto al capital privado. Las empresas públicas que hasta el momento garantizan el suministro en cada uno de los 26 estados del país, más el Distrito Federal, únicamente podrán participar de las futuras licitaciones de renovación de los contratos de saneamiento si demuestran poseer solvencia para garantizar el servicio por un periodo de 30 años.
El agua como mercancía
Además de la recién aprobada ley de saneamiento, se tramita actualmente en el Senado brasileño un proyecto de ley (PL 495/17) que privatizaría la gestión de algunas cuencas hidrográficas del país, así como el ansiado proyecto de traslado de aguas del Río San Francisco. Con 2.830 km de longitud, este es uno de los cursos de agua más importantes de Brasil y recorre desde el estado de Minas Gerais hasta el de Pernambuco y Alagoas.
Este proyecto, que está siendo ideado por el gobierno desde 2007, prevé un sistema de canalización para llevar agua a las regiones más secas del nordeste brasileño. El 26 de junio, Bolsonaro inauguró una parte de las obras que permiten que el servicio ya llegue al estado de Ceará gracias a los canales del Eje Norte.
No obstante, toda la inversión pública de más de una década podría pasar a manos privadas. "Si por un lado la canalización del Río San Francisco puede ser la solución para que el pueblo trabajador tenga acceso al derecho al agua de forma digna y plena como fue prometido, por otro lado, esta puede ser la vía para que se concreticen los planos del capital", alerta en un comunicado el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), preocupado porque esta iniciativa de ley podría crear "una mercantilización del agua".
Si bien el gobierno alega que la creación de mercados de agua en las cuencas hidrográficas más importantes del país permitiría gestionar de forma eficiente la repartición de los recursos hídricos, el MAB alega que "significa permitir que grandes grupos económicos, que actúan tanto en el agronegocio, sector eléctrico, minería y saneamiento como Ambev, Vale, Suez, Coca-Cola, BTG Pactual, Itaú, AEGEA o BRK Ambiental, controlen y se apropien de forma privada de los ríos y aguas subterráneas de Brasil por medio de lo que ellos llaman 'negociación sobre el derecho de usos de las reservas disponibles de agua'".
Este marco legal haría posible la fijación de un precio del agua de todos los embalses, que estaría vinculado con el valor de la energía eléctrica, ya que una parte considerable de estas reservas se destina a centrales hidroeléctricas, y el excedente podrá ser comercializado para consumo. "En la práctica esto significaría tratar el agua como propiedad privada (…) generando un mercado de compra y venta de agua en periodos de escasez y sequía", subraya el MAB.
La crisis del agua de Río de Janeiro, ante sala de la privatización
El plan de privatización de estos servicios estaba siendo debatido desde 2018, pero tomó una gran relevancia pública a principios de este año cuando comenzó una crisis sanitaria provocada por el suministro de agua contaminada en Río de Janeiro.
A principios de enero,los habitantes de la región comenzaron a percibir un sabor a tierra en el agua, que se mantuvo turbia durante varias semanas. Si bien la Compañía Estatal de Aguas y Cloacas de Río de Janeiro (Cedae), la empresa pública que se encarga del suministro en este estado, aseguraba que el problema provenía de la acumulación de un alga benigna y que era apta para el consumo, varias investigaciones académicas y privadas demostraron la inviabilidad del consumo para la salud humana, así como tampoco se recomendaba su uso ni siquiera para cocina o higiene personal, incluso cuando volvió a estar insípida, incolora e incolora.
Se colocaron en práctica métodos como purificación con carbón activo, entre otras medidas que muchos estados brasileños ya adoptaban previamente, y que podrían haber evitado la crisis de deficiencia del sistema de depuración. La Cedae asumió dificultades financieras que le habrían impedido de mejorar previamente las instalaciones y salió a relucir el plan de venta del servicio a una empresa privada, incluso antes de que se aprobase esta nueva ley de saneamiento. Estudios posteriores también demostraron la presencia de productos químicos en el agua, como detergentes.
Las recomendaciones de consumo de agua embotellada provocaron un desabastecimiento de supermercados durante varias semanas y una crisis política, motivada por la ausencia de una acción de urgencia por parte del gobernador del estado, Witson Witzel, así como por el abandono de las poblaciones con dificultad para pagar agua mineral durante un período continuado. Este asunto se lastró durante todo el primer trimestre de este año y acabó bajo la sombra de la llegada de la pandemia del coronavirus. Los habitantes de las ciudades afectadas aguardan una resolución de garantía de suministro de agua potable, que podría acabar subsanada en los próximos años con una nueva licitación de servicio en la que podrán participar empresas privadas.
De acuerdo con la nueva ley, todos los contratos de suministro de saneamiento básico, incluyendo agua potable y tratamiento de residuos sólidos y cloacales, podrán ser renovados con la participación del sector privado a partir de 2022.
Empresas privadas podrán participar en nuevas licitaciones para garantizar el suministro de agua potable o tratamiento de aguas residuales, de acuerdo con la normativa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aprobó el pasado miércoles un nuevo marco legal para el suministro de agua y saneamiento básico del país, que en principio tiene como objetivo garantizar estos servicios básicos con la ayuda del sector privado.
Hasta el momento, eran empresas públicas las que se encargaban de gestionar el saneamiento básico brasileño, salvo raras excepciones, y la nueva ley permite la apertura de nuevas licitaciones para el sector privado.
"Esperamos que haya entre 600 y 700.000 millones de reales (entre 111 y 130.000 millones de dólares) de inversiones en los próximos años en ese sector", declaró el ministro de Economía, Paulo Guedes, quien añadió que 100 millones de brasileños, casi la mitad de la población, no tiene acceso agua corriente, lo que ha supuesto un gran desafío para que estas personas puedan protegerse de la dispersión del coronavirus.
La nueva ley de saneamiento prevé una meta a cumplir hasta 2033: garantizar un servicio de alcantarillado para el 90 % de los habitantes del país y de agua potable para un 99 % de la población. Un gran desafío considerando que, según las cifras actuales, poco más del 50 % de los ciudadanos de Brasil viven en lugares con tratamiento de aguas residuales, y solo 80 % tienen acceso a agua limpia.
"En Brasil, donde hay la mayor concentración de agua dulce superficial del mundo, más de 40 millones de personas no tienen acceso a estos suministros públicos", informó el año pasado la Agencia Nacional de las Aguas (ANA), con motivo de la celebración del día mundial del agua, lo que ha sido caracterizado como un "trágico escenario" para el país. La ANA alertó de que las principales cuencas hidrográficas brasileñas presentan problemas de contaminación y subrayó que la ausencia de suministros de agua potable se cobra la vida diariamente de 100 personas en América Latina.
"La falta de agua de calidad y de alcantarillado provoca enfermedades, entre las cuales están la hepatitis A, diarreas, dengue, cólera y equistosomiasis. En diez años, Brasil registró más de 700.000 pacientes ingresados por enfermedades relacionadas a la falta o a la insuficiencia de saneamiento. Para mudar este panorama el país tendría que invertir 260.000 millones de reales (50.000 millones de dólares), pero como el gobierno solo invierte en media 4.000 millones de reales (740 millones de dólares) por año, serían necesarias más de seis décadas para resolver el problema", explicó la Agencia.
Según los detalles de la nueva ley, la ANA será la única responsable por establecer las reglas de saneamiento, así como los índices tarifarios para el mercado que estará abierto al capital privado. Las empresas públicas que hasta el momento garantizan el suministro en cada uno de los 26 estados del país, más el Distrito Federal, únicamente podrán participar de las futuras licitaciones de renovación de los contratos de saneamiento si demuestran poseer solvencia para garantizar el servicio por un periodo de 30 años.
El agua como mercancía
Además de la recién aprobada ley de saneamiento, se tramita actualmente en el Senado brasileño un proyecto de ley (PL 495/17) que privatizaría la gestión de algunas cuencas hidrográficas del país, así como el ansiado proyecto de traslado de aguas del Río San Francisco. Con 2.830 km de longitud, este es uno de los cursos de agua más importantes de Brasil y recorre desde el estado de Minas Gerais hasta el de Pernambuco y Alagoas.
Este proyecto, que está siendo ideado por el gobierno desde 2007, prevé un sistema de canalización para llevar agua a las regiones más secas del nordeste brasileño. El 26 de junio, Bolsonaro inauguró una parte de las obras que permiten que el servicio ya llegue al estado de Ceará gracias a los canales del Eje Norte.
No obstante, toda la inversión pública de más de una década podría pasar a manos privadas. "Si por un lado la canalización del Río San Francisco puede ser la solución para que el pueblo trabajador tenga acceso al derecho al agua de forma digna y plena como fue prometido, por otro lado, esta puede ser la vía para que se concreticen los planos del capital", alerta en un comunicado el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), preocupado porque esta iniciativa de ley podría crear "una mercantilización del agua".
Si bien el gobierno alega que la creación de mercados de agua en las cuencas hidrográficas más importantes del país permitiría gestionar de forma eficiente la repartición de los recursos hídricos, el MAB alega que "significa permitir que grandes grupos económicos, que actúan tanto en el agronegocio, sector eléctrico, minería y saneamiento como Ambev, Vale, Suez, Coca-Cola, BTG Pactual, Itaú, AEGEA o BRK Ambiental, controlen y se apropien de forma privada de los ríos y aguas subterráneas de Brasil por medio de lo que ellos llaman 'negociación sobre el derecho de usos de las reservas disponibles de agua'".
Este marco legal haría posible la fijación de un precio del agua de todos los embalses, que estaría vinculado con el valor de la energía eléctrica, ya que una parte considerable de estas reservas se destina a centrales hidroeléctricas, y el excedente podrá ser comercializado para consumo. "En la práctica esto significaría tratar el agua como propiedad privada (…) generando un mercado de compra y venta de agua en periodos de escasez y sequía", subraya el MAB.
La crisis del agua de Río de Janeiro, ante sala de la privatización
El plan de privatización de estos servicios estaba siendo debatido desde 2018, pero tomó una gran relevancia pública a principios de este año cuando comenzó una crisis sanitaria provocada por el suministro de agua contaminada en Río de Janeiro.
A principios de enero,los habitantes de la región comenzaron a percibir un sabor a tierra en el agua, que se mantuvo turbia durante varias semanas. Si bien la Compañía Estatal de Aguas y Cloacas de Río de Janeiro (Cedae), la empresa pública que se encarga del suministro en este estado, aseguraba que el problema provenía de la acumulación de un alga benigna y que era apta para el consumo, varias investigaciones académicas y privadas demostraron la inviabilidad del consumo para la salud humana, así como tampoco se recomendaba su uso ni siquiera para cocina o higiene personal, incluso cuando volvió a estar insípida, incolora e incolora.
Se colocaron en práctica métodos como purificación con carbón activo, entre otras medidas que muchos estados brasileños ya adoptaban previamente, y que podrían haber evitado la crisis de deficiencia del sistema de depuración. La Cedae asumió dificultades financieras que le habrían impedido de mejorar previamente las instalaciones y salió a relucir el plan de venta del servicio a una empresa privada, incluso antes de que se aprobase esta nueva ley de saneamiento. Estudios posteriores también demostraron la presencia de productos químicos en el agua, como detergentes.
Las recomendaciones de consumo de agua embotellada provocaron un desabastecimiento de supermercados durante varias semanas y una crisis política, motivada por la ausencia de una acción de urgencia por parte del gobernador del estado, Witson Witzel, así como por el abandono de las poblaciones con dificultad para pagar agua mineral durante un período continuado. Este asunto se lastró durante todo el primer trimestre de este año y acabó bajo la sombra de la llegada de la pandemia del coronavirus. Los habitantes de las ciudades afectadas aguardan una resolución de garantía de suministro de agua potable, que podría acabar subsanada en los próximos años con una nueva licitación de servicio en la que podrán participar empresas privadas.
De acuerdo con la nueva ley, todos los contratos de suministro de saneamiento básico, incluyendo agua potable y tratamiento de residuos sólidos y cloacales, podrán ser renovados con la participación del sector privado a partir de 2022.
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1 Comentarios
la privatización del agua es el inicio del genocidio sobre la Raza y toda humaniad.
ResponderBorrartoda imposición viene de una necesidad, siendo tan contaminada el agua brasileña se diría que es lógica tal privatización, ahora todo es a causa del hombre.