Misión Verdad
Hace 25 años se fundó la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el fin de imponer los lineamientos normativos que rigen el comercio entre todos los países. Es una institución que fue pensada en el marco de los Acuerdos de Bretton Woods en 1944, pero que no se formó sino hasta principios de 1995.
De acuerdo con las normas de la organización, los países miembros deben ofrecerse mutuamente condiciones comerciales equitativas, resolver las controversias mediante consultas y negociaciones y publicar abiertamente las leyes y reglamentos que rigen las actividades de comercio exterior.
Es obvio que Estados Unidos, uno de los países con mayor influencia en la institución, cuyo gobierno fue el primero en impulsarla, ahora la torpedea con la política cada vez más creciente de medidas coercitivas unilaterales, mal llamada “sanciones”, contra estados-nación, individualidades y empresas privadas. El comercio liberal muere un poco más cada vez que el Departamento del Tesoro estadounidense emite una nueva actualización en su “lista negra”.
Contra Venezuela, según la OFAC, al 2 de junio de 2020 las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos acumuladas ascendían a 366 sanciones según la Lista SDN (suerte de “lista negra”).
De acuerdo con las normas de la organización, los países miembros deben ofrecerse mutuamente condiciones comerciales equitativas, resolver las controversias mediante consultas y negociaciones y publicar abiertamente las leyes y reglamentos que rigen las actividades de comercio exterior.
Es obvio que Estados Unidos, uno de los países con mayor influencia en la institución, cuyo gobierno fue el primero en impulsarla, ahora la torpedea con la política cada vez más creciente de medidas coercitivas unilaterales, mal llamada “sanciones”, contra estados-nación, individualidades y empresas privadas. El comercio liberal muere un poco más cada vez que el Departamento del Tesoro estadounidense emite una nueva actualización en su “lista negra”.
Contra Venezuela, según la OFAC, al 2 de junio de 2020 las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos acumuladas ascendían a 366 sanciones según la Lista SDN (suerte de “lista negra”).
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| Gráfico: Centro Venezolano de Estudios de China |
Es una política de Washington que se viene consumiendo desde el año 2014 hasta la actualidad, imponiendo una estrategia de bloqueo, cerco y asfixia financiera-económica-comercial a la República Bolivariana de Venezuela, afectando bienes y servicios de origen venezolano.
Consultas venezolanas ante la OMC
Frente a la guerra económica que desarrolla Washington sobre la población venezolana, el estado presidido por Nicolás Maduro ha ejercido el derecho a la denuncia y disputar oficialmente las afrentas angloimperiales.
Así, Venezuela hizo una solicitud de una consulta ante la OMC, lo que representa el inicio formal de una disputa ante este organismo. Las consultas brindan una oportunidad a las partes para debatir el asunto y encontrar una solución satisfactoria sin continuar con el litigio.
Funciona así: después de 60 días, si las consultas no logran resolver la disputa, el demandante puede solicitar la adjudicación de un panel. Luego, grupos especiales realizan investigaciones y elaboran un informe al que una o ambas partes pueden apelar.
Si se determina que una medida comercial viola las leyes de la OMC, el demandado debe cumplir con los acuerdos abarcados dentro de un período que no exceda los 15 meses. Si el demandado se niega a cumplir, el demandante puede solicitar al demandado una compensación.
Ya Venezuela había acudido en una oportunidad a la OMC como demandante para solicitar consultas sobre la resolución de disputas con Estados Unidos en 1995, en torno a un litigio sobre la venta de gasolina entre ambos países. En aquella ocasión, Washington perdió la decisión ante la institución comercial y, posteriormente, ambos países negociaron una nueva normativa revisada.
La última consulta venezolana fue realizada el 28 de diciembre del año 2018, en la que inicia una disputa ante la OMC en contra de las medidas estadounidenses que incurren un bloqueo a la economía, las finanzas y el comercio de origen venezolana.
Venezuela defiende que ciertas leyes y reglamentaciones de Estados Unidos relacionadas con bienes y servicios de origen venezolano, la liquidez de la deuda pública venezolana, las transacciones en moneda digital venezolana y la lista de nacionales y personas bloqueadas (en la “lista negra”) especialmente designadas son incompatibles con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC (GATT) de 1994 y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
La consulta de 2018
La denuncia realizada por el gobierno de Nicolás Maduro ante la OMC implica la aplicación de tarifas diferenciales en el transporte y mayores cargas regulatorias a los productos de origen venezolano, dando un trato menos favorable que el otorgado a los productos de origen estadounidense.
Además, la consulta señala que se han detenido buques y obstruido las rutas más convenientes para el tránsito internacional de los buques u otros medios de transporte.
La consulta también rechaza medidas de prohibición de importación y exportación entre Estados Unidos y Venezuela, siendo el país sudamericano un histórico proveedor de petróleo al Norte.
Las medidas coercitivas unilaterales, lo sabemos, prohíben el intercambio comercial entre países. Por ello han crecido las exportaciones petroleras a otros países como China en detrimento del comercio venezolano-estadounidense.
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| Gráfico: Centro Venezolano de Estudios de China |
La consulta además denuncia la detención y el embargo de ciertos bienes que transitan o se encuentran en territorio estadounidense, como el secuestro y robo de los activos de Citgo, filial de Petróleo de Venezuela (PDVSA).
Se estima que con esta última medida, el Departamento del Tesoro estadounidense bloquea el acceso de 7 mil millones de dólares en activos y hasta 11 mil millones de dólares en exportaciones potenciales de petróleo en 2020 que ya no llegarían a las arcas del estado venezolano para la importación de bienes y servicios necesarios a la población, además de limitar el acceso a la inversión de la economía venezolana.
Luego de que Estados Unidos se negara a responder la consulta de Venezuela ante la OMC (en apoyo al “proyecto Guaidó”), el gobierno de Maduro solicitó que se estableciera un panel el 14 de marzo de 2019. La delegación venezolana solicitó que se estableciera un panel pero Estados Unidos ha bloqueado la designación de nuevos jueces en el panel.
Washington alega que el panel de resolución de disputas de la OMC no podía considerar legítimamente un tema de la agenda presentado por el “régimen ilegal de Maduro”. La reunión mensual del panel fue pospuesta “hasta nuevo aviso”.
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, amenazó con vetar a cualquier candidatura a la OMC que muestre alguna “pizca de antiamericanismo (sic)”. Es por ello que Estados Unidos ha logrado bloquear con éxito todas las nominaciones al tribunal de apelaciones del organismo vetando el nombramiento de nuevos integrantes.
En consecuencia, la OMC sufre la peor crisis de su historia, sin poder coordinar respuestas claras en el marco de una pandemia y en medio de la guerra comercial-tecnológica entre China y Estados Unidos. El mundo del comercio liberal se desgrana cada vez más críticamente, mientras Venezuela lucha por sortear los desequilibrios que plantea la guerra económica de Washington contra su población.
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