Consideran lesivo para el claustro que estudiantes humildes accedan a estudios universitarios. Para los contrarios a la asignación de cupos a estudiantes de liceos públicos y de escasos recursos económicos es "una acción reiterada del Gobierno que violenta la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho al acceso a una educación de calidad en Venezuela"
A través de Aula Abierta, !organizaciones de la sociedad civil" y actores universitarios, manifiestan rechazo ante lo que consideran "politización de prácticas de discriminación política" y la asignación unilateral del 100 por ciento de los cupos para nuevos ingresos al sistema de educación superior venezolano, por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), a sectores populares.
Consideran que es "una acción reiterada del Gobierno que violenta la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho al acceso a una educación de calidad en Venezuela".
El 17 de agosto de 2020, el Ministro de Educación Universitaria de Venezuela, Cesar Trompiz, manifestó a través del canal oficial Venezolana de Televisión (VTV), la asignación del 100 por ciento de los cupos para nuevos ingresos solicitados por los aspirantes para acceder a la educación universitaria.
Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (Apuz) dijo en su red social dijo que "La asignación completa de cupos para nuevos ingresos por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) es una decisión arbitraria e inconstitucional. La sociedad civil expresa su profundo rechazo ante esta situación".
Considera que tal asignación de esos cupos de los nuevos ingresos al sistema de educación superior "comporta la continuidad de una política de Estado de violación a la autonomía universitaria, la libertad académica y la educación de calidad".
En ella encontraron que uno de sus puntos álgidos en lo que consideran inconstitucional tal sentencia N° 831, de fecha 07 de julio de 2015, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la cual se ordenó a las universidades públicas del país, acatar las asignaciones efectuadas por el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de la OPSU.
Al respecto, se enfatiza que la autonomía universitaria, según el artículo 109 de la Constitución Nacional y el artículo 9 de la Ley de Universidades vigente, comporta diversas aristas, entre las que se destaca la facultad exclusiva que tienen las universidades de aplicar los métodos que consideren suficientes y necesarios para adecuar la admisión de nuevos estudiantes, según capacidad y la autonomía organizativa, en virtud de la cual crean sus normas internas para regular los procesos de ingreso.
De igual forma, la ONG denuncia la exclusión, por motivos políticos, del proceso de articulación de la educación superior, a actores abiertamente críticos a los métodos utilizados en la asignación de cupos y otras políticas implementadas por el Gobierno, como la AVERU, las Federaciones de Centros Universitarios de las principales universidades del país y otros actores universitarios.
"Esta situación de corte proselitista, se suma a otras represalias en contra de los universitarios, con ocasión a su rechazo a las violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria y la educación de calidad del gobierno de facto" señalan.
Entre tales señalamientos mencionan la asfixia presupuestaria a la que han sido sometidas las principales universidades públicas del país, "la asignación excluyente de recursos a las universidades pertenecientes a la ARBOL (Asociación de Rectores Bolivarianos) y la más reciente "imposición" del carnet de la patria (utilizado como un instrumento de evidente discriminación política) como vía para acceder a las becas estudiantiles gubernamentales".
Aseguran que esas asignaciones a los nuevos ingresos de manera unilateral, representa "un obstáculo para el ejercicio de la educación de calidad, toda vez que organizaciones de la sociedad civil, actores de la prensa libre y autoridades universitarias han denunciado de manera reiterada, las deficiencias del proceso de asignación de cupos desarrollado por la OPSU, en el cual se sobreponen factores no académicos por encima de los méritos académicos y aptitudes de los bachilleres, lo cual ha acentuado la deserción estudiantil".
Ante lo expuesto, Aula Abierta, en conjunto con las organizaciones y actores que suscriben su pronunciamiento, en la que condenan como "violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria y el acceso a la educación de calidad, producto de una política de Estado desarrollada desde hace más de una década".
"Exigimos al Ministerio de Educación Universitaria y a la OPSU, el cese de la asignación arbitraria de nuevos ingresos, la discriminación política y demás prácticas en contravención de los estándares internacionales previstos la Observación General Nº 13 al PIDESC, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) y otros instrumentos de protección de derechos humanos aplicables a la materia" concluyó.
A través de Aula Abierta, !organizaciones de la sociedad civil" y actores universitarios, manifiestan rechazo ante lo que consideran "politización de prácticas de discriminación política" y la asignación unilateral del 100 por ciento de los cupos para nuevos ingresos al sistema de educación superior venezolano, por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), a sectores populares.
Consideran que es "una acción reiterada del Gobierno que violenta la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho al acceso a una educación de calidad en Venezuela".
El 17 de agosto de 2020, el Ministro de Educación Universitaria de Venezuela, Cesar Trompiz, manifestó a través del canal oficial Venezolana de Televisión (VTV), la asignación del 100 por ciento de los cupos para nuevos ingresos solicitados por los aspirantes para acceder a la educación universitaria.
Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (Apuz) dijo en su red social dijo que "La asignación completa de cupos para nuevos ingresos por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) es una decisión arbitraria e inconstitucional. La sociedad civil expresa su profundo rechazo ante esta situación".
Considera que tal asignación de esos cupos de los nuevos ingresos al sistema de educación superior "comporta la continuidad de una política de Estado de violación a la autonomía universitaria, la libertad académica y la educación de calidad".
En ella encontraron que uno de sus puntos álgidos en lo que consideran inconstitucional tal sentencia N° 831, de fecha 07 de julio de 2015, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la cual se ordenó a las universidades públicas del país, acatar las asignaciones efectuadas por el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de la OPSU.
Al respecto, se enfatiza que la autonomía universitaria, según el artículo 109 de la Constitución Nacional y el artículo 9 de la Ley de Universidades vigente, comporta diversas aristas, entre las que se destaca la facultad exclusiva que tienen las universidades de aplicar los métodos que consideren suficientes y necesarios para adecuar la admisión de nuevos estudiantes, según capacidad y la autonomía organizativa, en virtud de la cual crean sus normas internas para regular los procesos de ingreso.
De igual forma, la ONG denuncia la exclusión, por motivos políticos, del proceso de articulación de la educación superior, a actores abiertamente críticos a los métodos utilizados en la asignación de cupos y otras políticas implementadas por el Gobierno, como la AVERU, las Federaciones de Centros Universitarios de las principales universidades del país y otros actores universitarios.
"Esta situación de corte proselitista, se suma a otras represalias en contra de los universitarios, con ocasión a su rechazo a las violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria y la educación de calidad del gobierno de facto" señalan.
Entre tales señalamientos mencionan la asfixia presupuestaria a la que han sido sometidas las principales universidades públicas del país, "la asignación excluyente de recursos a las universidades pertenecientes a la ARBOL (Asociación de Rectores Bolivarianos) y la más reciente "imposición" del carnet de la patria (utilizado como un instrumento de evidente discriminación política) como vía para acceder a las becas estudiantiles gubernamentales".
Aseguran que esas asignaciones a los nuevos ingresos de manera unilateral, representa "un obstáculo para el ejercicio de la educación de calidad, toda vez que organizaciones de la sociedad civil, actores de la prensa libre y autoridades universitarias han denunciado de manera reiterada, las deficiencias del proceso de asignación de cupos desarrollado por la OPSU, en el cual se sobreponen factores no académicos por encima de los méritos académicos y aptitudes de los bachilleres, lo cual ha acentuado la deserción estudiantil".
Ante lo expuesto, Aula Abierta, en conjunto con las organizaciones y actores que suscriben su pronunciamiento, en la que condenan como "violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria y el acceso a la educación de calidad, producto de una política de Estado desarrollada desde hace más de una década".
"Exigimos al Ministerio de Educación Universitaria y a la OPSU, el cese de la asignación arbitraria de nuevos ingresos, la discriminación política y demás prácticas en contravención de los estándares internacionales previstos la Observación General Nº 13 al PIDESC, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) y otros instrumentos de protección de derechos humanos aplicables a la materia" concluyó.
0 Comentarios