El régimen estadounidense ha sancionado a dos rectores del CNE y al procurador de Venezuela en un nuevo episodio de la guerra de ese país contra los venezolanos. EEUU ha sancionado a Venezuela desde 2011 cuando emitió sanciones contra PDVSA con el objetivo de quebrar la por entonces próspera economía venezolana, dependiente del petróleo. Desde septiembre de 2017 estudios de prestigiosos centros de investigación internacionales estiman en más de 100 mil las víctimas mortales de las sanciones de EEUU contra nuestro país debido a que impiden la compra de medicinas, comida e insumos para el funcioamiento del país. También impiden actualmente que Venezuela comercie su petróleo o su oro.
El Gobierno nacional rechazó las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la presidenta y el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo y José Luis Gutiérrez, así como del Procurador, Reinaldo Muñoz, anunciadas este viernes.
Mediante un comunicado, difundido por Jorge Arreaza en su cuenta en Twitter, la administración de Nicolás Maduro aseveró que estas nuevas medidas del país norteamericano buscan "interferir en la realización de las elecciones parlamentarias previstas en la Constitución para diciembre de 2020".
"El Gobierno Bolivariano de Venezuela denuncia una vez más, las agresiones intervencionistas del gobierno supremacista de Washington que, en violación del Derecho Internacional, pretende interferir en las elecciones parlamentarias previstas para diciembre de 20202, escribió Arreaza.
En el comunicado se denuncia ante la comunidad internacional “las agresiones intervencionistas del gobierno supremacista de Washington que, en violación del Derecho Internacional, pretende imponer ilegalmente medidas coercitivas unilaterales contra las instituciones democráticas venezolanas, en particular procurando interferir en la realización de las elecciones parlamentarias previstas en la Constitución para diciembre de 2020”.
También señala que “esta agresión contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, dos de sus rectores principales y el Procurador General de la República, no hará mella alguna sobre el compromiso de las instituciones del Estado venezolano para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y la voluntad popular. Muy por el contrario, estas pretendidas sanciones representan un estímulo adicional para avanzar con mayor eficacia y moral hacia los objetivos y metas electorales”.
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