Especial / Unidad de Investigación
El 25 de abril de 2019 fue revelado un informe realizado por la firma independiente denominada Centro de Investigación Política y Económica (CEPR por sus siglas en inglés), radicada en EEUU, donde establecen una radiografía del impacto sobre la población venezolana de las sanciones y medidas de asfixia económica que el gobierno estadounidense aplica sobre Venezuela. Las principales víctimas son los enfermos crónicos, los accidentados graves y las mujeres gestantes y sus hijos recién nacidos.
Al día de hoy, y con base en dicho estudio, hemos realizado una actualización con base en el tandem de sanciones emitidas desde 2019 hasta la fecha y considerando como variables principales el tiempo transcurrido y la agudización del impacto de las medidas coercitivas contra nuestro país.
El planteamiento fundamental del documento elaborado por el CEPR es tajante: las sanciones de EEUU contra Venezuela aplicadas desde agosto de 2017, son las causantes de la “muerte de decenas de miles de personas y están empeorando la crisis humanitaria” en el país petrolero, que como es sabido, ha sido declarado objetivo político y militar del gobierno estadounidense.
Los prestigiosos autores del documento
El informe titulado "Sanciones Económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela", fue preparado por este centro de investigación, el cual es una firma independiente de analistas y académicos de varios países, pero principalmente estadounidenses.
Tal como aparece señalado en el sitio web del CEPR, Mark Weisbrot y Dean Baker son los académicos fundadores del Centro de Investigación Económica y Política en 1999. Señalan que dicha firma ha desarrollado una reputación de realizar investigaciones oportunas, de alta calidad, originales e independientes.
El impreso The Guardian de Reino Unido ha definido al CEPR como "uno de los recursos más valiosos que tenemos para explicar cómo funciona la economía y cómo las políticas afectan la vida de todos nosotros".
Por otro lado, la firma Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR por sus siglas en inglés), identificó a CEPR como "el think tank más rentable del país, medido por las citas de los medios y el tráfico web, por dólar". FAIR ha señalado que "durante años, el Centro de Investigación Económica y Política ha estado a la vanguardia de anticipar y comprender las tendencias económicas dominantes en los Estados Unidos y la economía mundial, y de traducir estas tendencias en sus implicaciones políticas y sociales".
El documento que ilustra algunos de los impactos de las operaciones de cerco y asfixia contra Venezuela, fue realizado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs.
Daños a PDVSA y a las exportaciones venezolanas fueron planficados para causar el máximo de sufrimiento a la población
El CEPR indica que las sanciones han contribuido a una fuerte disminución de la producción de petróleo en Venezuela, principal fuente de ingresos de divisas a la economía venezolana en más de un 90%, lo que ocasionó un gran daño a la población. A la fecha EEUU ha recurrido incluso a la amenaza para impedir que Venezuela pueda vender petróleo a otros países. El oro sufre igual tratamiento. La actividad económica venezolana está siendo sistemáticamente criminalizada.
Reseña el documento que sanciones aplicadas desde agosto de 2017 incluyeron la prohibición de hacer negocios con las nuevas emisiones de deuda de Caracas o de acciones de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Esas medidas también aplicaron el veto a los Bonos Soberanos emitidos por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Por otro lado, Venezuela lidia ahora con un boicot a sus exportaciones. El país ha quedado relegado del mercado petrolero estadounidense, se hacen presiones sobre sus otros clientes y también se ha vetado el suministro de diluyentes, nafta concretamente, un insumo indispensable para el traslado y despacho de los crudos extrapesados que exporta Venezuela.
Mediante presiones específicas de Washington, la empresa Reliance International de La India, último proveedor de diluyentes a PDVSA, canceló sus suministros a Venezuela.
Es sabido también que la industria petrolera venezolana ha sufrido un embargo de repuestos, insumos y refacciones a sus tecnologías de extracción y refinación de crudo, altamente dependientes de proveedores estadounidenses, los cuales han aplicado un embargo de facto que ha afectado seriamente la producción petrolera y las exportaciones.
El "efecto Guaidó" y el recrudecimiento de las sanciones
El documento del CEPR señala que "el reconocimiento por parte de la administración Trump de un gobierno paralelo en enero de 2019 creó un nuevo conjunto de sanciones financieras y comerciales que son devastadoras para la economía y la población". Según los analistas "estas nuevas restricciones hacen que sea mucho más difícil incluso pagar por los medicamentos y otras importaciones esenciales con las limitadas divisas disponibles".
La referencia es específica al congelamiento de cuentas, haberes en dinero y bienes venezolanos en suelo estadounidense, entre ellos CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en EEUU. Situación que ha acelerado las pérdidas de ingresos a la nación y la posición discrecional mediante arbitraje del Departamento del Tesoro estadounidense sobre los activos soberanos de Venezuela, dando con ello forma a un proto-estado venezolano en el extranjero representado en el gobierno artificial de Juan Guaidó, en detrimento de los recursos nacionales para atender las necesidades de la población.
Presiones contra la recuperación económica de Venezuela
Los autores de la referida investigación también explican cómo las sanciones "impiden una recuperación económica en Venezuela". Jeffrey Sachs, coautor del documento indica que "las sanciones estadounidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía de Venezuela y, por lo tanto, conducir al cambio de régimen. Es una política infructuosa, despiadada, ilegal y fallida, que causa graves daños al pueblo venezolano".
Los autores detallan la caída de las exportaciones e importaciones de Venezuela y se refieren a una condición de inestabilidad prolongada, inducida y acelerada por las operaciones de bloqueo económico en medio de una trama destituyente del gobierno venezolano.
Los daños contra la población
Weisbrot y Sachs estiman que las medidas aplicadas por la administración de Donald Trump causaron la muerte de alrededor de 40.000 personas en Venezuela, entre 2017 y 2018. "Las sanciones han reducido la disponibilidad de alimentos y medicamentos, y han aumentado las enfermedades y la mortalidad", señala textualmente el documento.
Además de ello, proyectan que la continuidad del bloqueo sobre Venezuela generará más muertes. Realizan una estimación del impacto sobre grupos con un estado de salud vulnerable que están sufriendo el bloqueo de medicamentos.
"Aproximadamente 80.000 personas con VIH que no han recibido tratamiento antirretroviral desde 2017, otras 16.000 personas que necesitan diálisis, unas 16.000 personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión (muchas de las cuales no pueden obtener insulina o medicina cardiovascular", señala el documento.
Las autoridades venezolanas han denunciado consistentemente que el ingreso de medicinas e insumos médicos al país se ha visto torpedeado por acciones concretas de bloqueo a cuentas venezolanas y a las modalidades de compra del país en el mercado internacional a causa de las sanciones. Los bancos se rehúsan a realizar operaciones con Venezuela, así como las empresas farmacéuticas.
Aunque el gobierno venezolano ha afianzado un acuerdo de asistencia humanitaria con la Cruz Roja Internacional, para poder eludir el bloqueo financiero, no todas las garantías están dadas. La agresividad de las acciones de bloqueo estadounidense están generando presiones desde y hacia varias direcciones, incluso para instancias multilaterales.
Un antecedente de ello fue el acuerdo que el gobierno de Venezuela intentó aplicar con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que prácticamente ha quedado sin efecto, luego de las presiones estadounidenses palpables en el sistema interamericano.
El CEPR prevé que una agudización de los efectos de las sanciones, comprometerá aún más la situación de la población venezolana.
Cifras actualizadas
Con base en el estudio del CEPR y de 18 meses de sanciones adicionales agregadas a las anteriores, aún más agresivas, y tomando en cuenta la persecusión a la venta de petróleo y oro, el uso de tribunales para "asesinar jurídicamente" a quienes se atrevan a comerciar con Venezuela, a quienes vendan alimentos o los importen hacia este pais, se tiene que desde septiembre de 2017 hasta el 30 de junio pasado han muerto a consecuencia de las sanciones aproximadamente entre 150 mil y 300 mil personas.
"Si tomamons la cifra más baja, de 150 mil venezolanos asesinados por las sanciones de EEUU contra Venezuela, estaríamos hablando de un genocidio programado y ejecutado con la complicidad de Michele Bachelet y la oposición venezolana. Ellos nada dicen y nada dirán sobre esto. Su función es acusar al gobierno de haber matado hasta a los malandros muertos en enfrentamientos entre bandas. Esa es toda su miserable tarea" señala Daniel Pañol, experto y analista internacional, colaborador habitual de nuestra red de medios alternativos.
"Estos números solo consideran el lapso septiembre 2017 a junio 2020, pero las sanciones contra la economía datan de mayo de 2011. La cantidad de víctimas supera las 300 mil, de eso no hay duda" señala otro analista consultado quien pidió no mencionar su identidad por temor a represalias.
Las principales víctimas del atroz paquete de sanciones ilegales contra los venezolanos, son los enfermos crónicos, los accidentados graves y las mujeres gestantes y sus hijos recién nacidos.
_____________________________________________________________________
Instala el navegador BRAVE en tu computadora o dispositivo y disfruta de la conexión más segura y rápida.
Doble Clic en la IMAGEN para descargarlo
_____________________________________________________________________
){kind=link}
0 Comentarios