Los brasileños se reunieron frente al Congreso Nacional en Brasilia (la capital), para pedir un juicio político, contra el presidente, Jair Bolsonaro.
El martes, la capital de Brasil fue escenario de protestas en contra del mandatario. Con rostros cubiertos con mascarillas, los manifestantes sostenían carteles y pancartas que pedían la salida de Bolsonaro, acusándole de atentar contra la salud pública por su mala gestión de la pandemia del coronavirus que ha provocado la muerte de casi 74 000 ciudadanos.
También le criticaron por atentar contra la democracia, por socavar el libre ejercicio de los poderes Legislativo y Judicial y de los poderes de los estados y municipios. Por otra parte, el jefe de Estado fue objeto de críticas por sus ataques a la prensa, en concreto, por la violencia contra los periodistas.
La misma jornada, representantes populares del país presentaron en la Cámara de Diputados de Brasil, una solicitud de inpeachment (juicio político) contra Bolsonaro por una gama de posibles delitos cometidos por el mandatario; todo ello en el marco de la Jornada de Movilización “Fora Bolsonaro” (Fuera Bolsonaro).
Según sus promotores, desde el comienzo de su mandato, Bolsonaro “se ha centrado seria, repetida y sistemáticamente en los delitos contra la Constitución de la República, [con un] patrón de falta de respeto por la supremacía incuestionable del texto constitucional”.
De acuerdo con los movimientos populares, es posible atribuir a Bolsonaro el delito de improbidad administrativa, debido a que su desempeño en el Gobierno va en contra de “los principios que guían la Administración pública”, previstos en el artículo 37 de la Constitución brasileña, como la legalidad, la impersonalidad, la moral, la publicidad y eficiencia.
El pedido de destitución, que forma parte de la campaña Fora Bolsonaro, que comenzó el viernes, es urgente, pero solo comenzará a ser abordado en el Congreso cuando conquiste la mayoría del pueblo brasileño, según el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Brasil, Sergio Nobre.
El martes, la capital de Brasil fue escenario de protestas en contra del mandatario. Con rostros cubiertos con mascarillas, los manifestantes sostenían carteles y pancartas que pedían la salida de Bolsonaro, acusándole de atentar contra la salud pública por su mala gestión de la pandemia del coronavirus que ha provocado la muerte de casi 74 000 ciudadanos.
También le criticaron por atentar contra la democracia, por socavar el libre ejercicio de los poderes Legislativo y Judicial y de los poderes de los estados y municipios. Por otra parte, el jefe de Estado fue objeto de críticas por sus ataques a la prensa, en concreto, por la violencia contra los periodistas.
La misma jornada, representantes populares del país presentaron en la Cámara de Diputados de Brasil, una solicitud de inpeachment (juicio político) contra Bolsonaro por una gama de posibles delitos cometidos por el mandatario; todo ello en el marco de la Jornada de Movilización “Fora Bolsonaro” (Fuera Bolsonaro).
Según sus promotores, desde el comienzo de su mandato, Bolsonaro “se ha centrado seria, repetida y sistemáticamente en los delitos contra la Constitución de la República, [con un] patrón de falta de respeto por la supremacía incuestionable del texto constitucional”.
De acuerdo con los movimientos populares, es posible atribuir a Bolsonaro el delito de improbidad administrativa, debido a que su desempeño en el Gobierno va en contra de “los principios que guían la Administración pública”, previstos en el artículo 37 de la Constitución brasileña, como la legalidad, la impersonalidad, la moral, la publicidad y eficiencia.
El pedido de destitución, que forma parte de la campaña Fora Bolsonaro, que comenzó el viernes, es urgente, pero solo comenzará a ser abordado en el Congreso cuando conquiste la mayoría del pueblo brasileño, según el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Brasil, Sergio Nobre.
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