Guaidoísmo prepara maletas para continuar "gobernando" en el "exilio" y pide a EEUU presionar a países

El plan del guaidoísmo sería, según lo indicado el diputado Juan Guaidó, congelar todos los activos de Venezuela en el exterior, garantizar que el país sea declarado "estado terrorista" y ampliar así la base de sanciones para completar el cerco y "asfixiar" totalmente la vida de la población venezolana sometida a un brutal paquete de sanciones que comenzó en 2011 (9 años) cuando EEUU determinó que con golpes de estado, violencia callejera, asesinatos selectivos de dirigentes chavistas y difamación, no podría acabar con la base de apoyo del chavismo cuyo gobierno en ese momento (2011) mantenía un récord de prosperidad y bienestar que ya superaba los 10 años. 

La oposición de extrema derecha se encamina a una nueva encrucijada. El desconocimiento de las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre de 2020 puede provocar que en el año 2021 ninguno de los cuatro poderes del Estado venezolano (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) esté ocupado por miembros de esa facción opositora. Hasta ahora, solo EEUU se ha pronunciado abiertamente avalando la "continuidad administrativa del gobierno interino de Guaidó" en Venezuela. EEUU designó en 2019 al diputado Guaidó como presidente interino y presionó a unos 50 países para que lo apoyaran como tal, pero ese reconocimiento cada vez es más frío.

El "gobierno interino" encabezado por Juan Guaidó sustenta su legalidad en la interprestación del artículo 233 de la Constitución Nacional que "faculta al presidente del Parlamento para ocupar temporalmente la Presidecia de la República en caso de que el Poder Ejecutivo no pueda ser designado y exista una vacante absoluta del cargo. Desde la perspectiva de la oposición venezolana, amparada en lo que establece la Carta Magna de esa nación, el acto electoral de 2018 no puede considerase una elección". Una interpretación errada, pues las elecciones de 2018 pdermitieron la elección del presidente del país. 

Dado que a principios de este el guaidoísmo anunció que no participará en las eleciones y estas se celebrarán en diciembre, a los diputados se les extingue el mandato el 5 de enero de 2021, tal como establece la Constitución. Pero en vista de los malabares que han hecho para justificar un "gobierno interino" jalado por los pelos, es posible que recurran a otra de sus interpretaciones sui géneris para, mediante el apoyo de EEUU, que actuaría como Tribunal, sostener una figura que le ha hecho tanto daño a nuestro país. 

Luis Vidal, director de la encuestadora More Consulting, sostiene que cualquiera de los caminos que tome la oposición venezoana tienen muchos más riesgos a nivel político, que posibles beneficios.

Desde su perspectiva, declarar la continuidad administrativa, obligaría a los actuales diputados y a Guaidó a tomar la ruta del exilio, que tampoco es muy diferente a la situación actual en cuanto a presencia física en el país.

Por otra parte, Vidal duda de que, en caso de concretarse el escenario de continuidad administrativa, el "gobierno interino" mantenga todo el apoyo internacional que logró en febrero de 2019, cuando Trump obligó a Guaidó a autoproclamarse presidente interino, según han señalado políticos y senadores de EEUU.

Hasta ahora, solo EEUU se ha pronunciado abiertamente avalando la continuidad administrativa del gobierno interino de Guaidó.

En un comunicado difundido el pasado 3 de agosto la Oficina Externa de los EEUU para Venezuela encabezada por James Story "avaló" la decisión de los partidos opositores de no participar el 6 de diciembre, al tiempo que exhortó “a otros países que valoran y honran los derechos humanos” a respladar la decisión tomada por Guaidó.

Sin embargo, la Unión Europea (el otro principal aliado de la oposición venezolana) aún no fija posición, especialmente porque el Grupo de Contacto Internacional auspiciado por el bloque hemisférico mantiene los esfuerzos diplomáticos para lograr la posposición de la elección o las "garantías" para que participen los factores de derechas, reacios a hacerlo.

La exconsultora jurídica del CNE Egleé Gonzalez Lobatto, sostiene que el exilio “es un castigo político si pensamos en muchos venezolanos que tienen años pasando penurias en otros países por lo que la Continuidad Administrativa se encontraría en el peligroso territorio “entre nosotros y los de afuera” y con el tiempo se desvanecerán las esperanzas de cambio depositadas en ese liderazgo exiliado porque inexorablemente se producirá una pérdida de contacto con la sociedad”.

La Asamblea no pudiese legislar
El "exprocurador general del gobierno interino", José Ignacio Hernández, sostiene que “si no se reconocen las elecciones parlamentarias, ni en Venezuela ni en el Derecho Internacional, se plantea la duda que cuál será el Poder Legislativo reconocido a partir del 5 de enero de 2021”.

Hernández, que aclara que aún no tiene una postura definitiva sobre el tema y que sigue estudiándolo, explica que “una posible solución, que debe construirse, es que el mandato de la Asamblea Nacional se mantiene, excepcionalmente, solo en la medida necesaria para asegurar la transición a la democracia (artículo 333 de la Constitución) y evitar el vacío de poder que se generaría por el desconocimiento de los diputados fraudulentamente electos y la extinción del mandato de la Asamblea Nacional electa en 2015”.

"Sin legitimidad popular"
El director de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, enfoca el problema desde otra perspectiva: “más allá del tema de la legitimidad y la competitividad de las elecciones del 6 de diciembre, que obviamente bloquean la participación opositora, el fin del periodo de la Asamblea Nacional y la imposibilidad de validarse electoralmente hace muy difícil mantener la conexión popular del liderazgo y la institución opositora. Es irrelevante la razón, simplemente se alejan de la gente, pierden respaldo y capacidad de generar esperanza y corren el riesgo inmenso de convertirse en irrelevantes, afuera y adentro, como paso con Jean-Bertrand Aristide y otros ejemplos de gobiernos en el exilio”.

Baja participación el 6 de diciembre
Según algunos estudios de opinión de la oposición, la decisión de Guaidó de no reconocer el evento electoral del 6 de diciembre provoca que "solo" 42% de los ciudadanos esté dispuesto a participar en los comicios convocados. Una cifra que contraste con el 75% de participación registrada en el año 2015 y el 62% de participación del año 2010.

No obstante, el sistema electoral venezolano no contempla quorum de participación para ningún tipo de evento comicial.

Por otra parte, a pesar del anuncio unitario de no participación en los comicios del 6 de diciembre, algunas figuras emblemáticas de la oposición como el ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski y el diputado Stalin González sostienen que es inviable la posibilidad de la continuidad del Parlamento y por ende del gobierno interino.

De mantenerse esta ruta, el respaldo nacional al parlamento electo en 2015 y a la continuidad del "gobierno interino" pudiese volver a dividir a la oposición venezolana.

El daño al país podría continuar ahora, pero desde el exilio.