Oposición presentará a la CPI "pruebas de torturas” a mercenarios de la Operación Gedeón

Al parecer los cuerpos policiales que repelieron la incursión armada de los sanguinarios asesinos de la Operación mercenaria, debían dejarse asesinar para no violar los Derechos Humanos de los criminales. El viaje tiene un costo de unos 3.000 millones de bolívares, por persona en clase económica y hospedándose en un hotel muy barato ¿Quién lo financió?

Wilmer Azuaje, exdiputado al Consejo Legislativo del estado Barinas (CLEB) y director del Observatorio Venezolano para la Protección de los Derechos Humanos, una ONG financiada por EEUU, acudió este martes a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para consignar pruebas de las acciones llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad del Estado en la llamada Operación Gedeón. 

El viaje cuyo costo asciende a más de casi 3 mil millones de bolívares, viajando en clase económica y hospedándose en un hotel barato, fue al parecer financiado por EEUU, país que sancionó a fiscales de la CPI por investigar decenas de miles de asesinatos y violaciones de mujeres y niñas en Afganistán a manos de las sanguinarias tropas estadounidenses que en 19 años de ocupación han asesinado a más de medio millón de inocentes afganos. 

Azuaje explicó a través de las redes sociales que llevó pruebas «que deja en evidencia la tortura y posterior Masacre de Macuto», primera acción de un grupo de personas en las playas de ese sector del estado Vargas que terminó con varios detenidos y al menos ocho criminales muertos en los enfrentamientos con las fuerzas de la ley. 

Por Instagram, Azuaje manifestó haberse trasladado a la sede de la CPI -a pesar de las restricciones que existen por la pandemia de la Covid-19- para llevar las denuncias y elementos de material criminalístico respecto a las supuestas torturas que habrían recibido seis hombres por parte de los funcionarios de seguridad que estaban dentro del grupo armado que intentó incursionar por las costas de Macuto a principios de mayo de 2020.

«Nuestro trabajo es el de suministrar más elementos de convicción, para que dé una vez por todas esta Corte inicie una investigación formal en contra de Nicolás Maduro y su régimen (…) En la ‘Masacre de Macuto’ funcionarios del régimen de Maduro, bajo las órdenes de él y los cabecillas de su organización criminal, cometieron graves crímenes de lesa humanidad, prácticas que ya han sido denunciadas por el Consejo de DDHH y numerosas ONG’s venezolanas», dijo.

Recordó que en 2019 viajó al mismo lugar para llevar pruebas contra la administración de Maduro por el caso de la «Masacre de El Junquito», donde el expiloto del Cicpc, Óscar Pérez, y otras seis personas, fueron asesinadas en un operativo policial a pesar de que habían manifestado que se entregarían libremente.

Aseguró que acuden a la CPI debido a que el sistema en Venezuela no hace justicia verdadera y diariamente se violentan los DDHH en el país. Indicó que ante el organismo hay una denuncia introducida en 2018 por Colombia -y respaldada por varias naciones- por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la administración de Maduro.

“Montaje”

El 22 de septiembre, Azuaje aseguró tener en su poder decenas de fotografías que evidencian las torturas y ejecuciones que los cuerpos de seguridad del Estado habrían llevado a cabo contra varios integrantes de la llamada «Operación Gedeón», acción que se llevó a cabo a principios de mayo en las playas de Vargas y Aragua que dejó ocho muertos y más de 50 detenidos, entre ellos dos estadounidenses.

Según, esta operación fue un «montaje» y un «falso positivo» hecho por la administración de Nicolás Maduro y enfatizó que con la información que ha recopilado, acudirá en los próximos días a la Corte Penal Internacional (CPI) para hacer una denuncia al respecto, como hiciera con el caso del expiloto del Cicpc, Óscar Pérez, en el año 2019 y que salió en un diario español.

El exdiputado al Consejo Legislativo del estado Barinas acudió a la CPI días después que el Consejo de DDHH de la ONU aprobara el martes 6 de octubre una resolución donde se extiende por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, encargada de investigar violaciones como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.